Desafíos al desarrollo en contexto de grupos armados

Abstract

Con esta investigación, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Universidad Nacional de Pilar (UNP) se propusieron contribuir al desarrollo y a la reducción de la pobreza de Concepción, San Pedro y Amambay, a través de la caracterización de políticas de seguridad que contribuyen al fortalecimiento de las inversiones productivas y al arraigo de la población, para lo cual se proyectaron y realizaron una serie de diagnósticos sobre los grupos armados ilegales que operan en la región, así como el impacto de los mismos en los niveles políticos, económicos, sociales, y productivos. A partir de los estudios realizados se recomiendan políticas públicas. Este informe de investigación contiene el análisis de los principales hallazgos divididos en los siguientes apartados a saber: 1) La Zona Norte, 2) Metodología, 3) Los Grupos Armados, 4) Impacto Político y Social, 5) Impacto Agropecuario, 6) Impacto Económico, 7) Inversiones Estatales en la Zona Norte, 8) Reflexiones Finales, y 9) Recomendaciones de Políticas Publicas para el Desarrollo. Los datos analizados permiten afirmar que la fragilidad institucional, la corrupción, la cultura de irrespeto a la ley, la naturalización de conductas ilegales, en especial en algunas ciudades y pueblos de la zona fronteriza, la permeabilidad de la frontera, así como la inexistencia de dispositivos de control del espacio aéreo son algunos de los facilitadores de la presencia y permanencia del crimen organizado y grupos armados en la Zona Norte, y que las principales afectaciones se dan en los niveles político y social. El desarrollo de la región, la reducción de la pobreza y el arraigo de la población exigen una intervención estatal coordinada, entre programas y proyectos del gobierno central, regional y local, donde el énfasis se centre en el fortalecimiento de las condiciones de reproducción social de las comunidades, y garantías para el ejercicio de las libertades en los ámbitos políticos, sociales, y económicos de grandes, medianos y pequeños productores, en donde la intervención estatal se da para la protección y defensa de los derechos constitucionales; y en donde la persecución penal respeta las garantías penales y procesales, superando el modelo selectivo de configuración penal, que deslegitima a las instituciones, generando temor y desconfianza en la población.